Por Martín Granovsky
El Gobierno eligió. Tenía tres posibilidades a mano. La primera, reprimir a los que cortan el paso a Uruguay. Pero la represión siempre estuvo descartada. La segunda, romper con Uruguay y tejer una alianza a muerte con la vanguardia de Gualeguaychú. La tercera, apostar a las relaciones con Uruguay y dejar al grupo de cortadores en el pasado. Escogió la tercera.
La decisión está en línea con el descongelamiento entre la Argentina y Uruguay desde que asumió la presidencia José “Pepe” Mujica, en marzo último.
Primero, los dos gobiernos esperaron juntos el fallo de la Corte Internacional de La Haya. La sentencia fue clara. Por un lado, Uruguay había violado el tratado del río Uruguay al tomar una medida unilateral. Y no podía seguir violando el acuerdo en el futuro. Por otro lado, el fallo dijo que el nivel de contaminación de Botnia está dentro de niveles que no producen daño ecológico. Es decir que la planta pasó a ser, a la vez, un hecho consumado y una instalación industrial ubicada dentro de los parámetros normales.
Luego, los dos gobiernos avanzaron juntos. Si el fallo era un hito inapelable, juntos acomodarían sus respectivas situaciones internas. ¿Cómo se ejerce esto en política internacional? Usando la comprensión. Pepe Mujica la usó. Se fotografió con Cristina cuantas veces pudo. Se reunió en cumbres y a solas. Apoyó la candidatura de Néstor Kirchner como secretario de la Unasur, la Unión Suramericana de Naciones. Y dijo que el corte lo arreglarían el pueblo y el gobierno de la Argentina.
Cuando Aníbal Fernández anunció en la tarde de ayer que el Gobierno sería querellante, no hizo más que sintetizar la elección inicial y la historia de los dos últimos meses.
El jefe de Gabinete dijo tres veces en 15 minutos que el punto de inflexión en el tema fue el fallo de La Haya. Llegó a calificar al corte, incluso, de “alzamiento contra un fallo internacional”. Y explicó que, para el Gobierno, seguir interrumpiendo el tránsito “va contra la reconstrucción de la política con Uruguay”.
Esto explica la decisión oficial de ser parte. Querellante: parte en contra. Es un modo de subrayar el compromiso con Uruguay y, en simultáneo, el rechazo a la represión usando la Gendarmería.
No es, sin embargo, un camino rápido. La decisión de querellar penal y civilmente, con castigos eventuales en términos de libertad individual y en términos de pérdida de bienes, busca dar por terminado un alzamiento popular y comenzar un proceso judicial que se practicará caso por caso.
Pero Uruguay quiere una evidencia de compromiso, más que velocidad, y entonces los vericuetos judiciales probablemente no sean un problema. Sobre todo si, como está previsto, en quince días se reúnen los equipos de los dos gobiernos para concretar qué hacen juntos la Argentina y Uruguay con el gas. La posibilidad es que los dos países construyan una planta en Montevideo para regasificar el gas natural licuado que llega por barco desde Trinidad y Tobago o Qatar y dejarlo en estado gaseoso, o sea en condiciones de ser transportado por gasoductos. O si la Argentina cumple con su promesa de profundizar el dragado del canal Martín García, clave para Montevideo.
¿Cuál es el desafío para el Gobierno? Ya no es Uruguay. El desafío es que la vanguardia de Gualeguaychú no gane mayor popularidad, porque si eso ocurriese el Ejecutivo pagaría un costo alto. La situación ideal es que la Justicia vaya actuando y, en la misma proporción, el corte se desgaste.
Si es posible, al menos en teoría, identificar a los cortadores más activos y perseguirlos penalmente uno por uno es porque son pocos. Pero el riesgo en estos casos siempre es que un pequeño punto se convierta en un río indetenible. Que la vanguardia se convierta en fenómeno masivo y ese fenómeno sensibilice, en principio, a todos los entrerrianos.
La nacionalización del conflicto de Gualeguaychú fue justamente eso: un derrame a escala nacional. Un nuevo derrame ahora sería insostenible.
El Estado siempre está obligado a mantener un equilibrio difícil. Si no pone orden, será cuestionado. Si pone orden de una manera y a un ritmo que sean percibidos como desproporcionados, el cuestionamiento será aún mayor. En el caso de Gualeguaychú, a la complejidad del orden se suman la relación prioritaria con Uruguay y la necesidad de cumplir con la Corte de La Haya.
Anoche, por momentos, algunos testimonios de Gualeguaychú tenían el sonido de los gritos de redención. El irredentismo carece de límites. Tiene objetivos absolutos que a menudo no pueden cumplirse, como desmontar la planta uruguaya tras el fallo. ¿Se trata de una catarsis fugaz antes de soltar la presión acumulada en cuatro años? ¿Vendrá después un proceso de resignación? El Gobierno hizo la movida de ayer buscando que las respuestas a las dos preguntas sean “sí” y “sí”. Tiene la suerte de que, en la otra orilla, hay un hombre de paciencia oriental. Un presidente cuya murga preferida participó de los festejos del Bicentenario y se llama Agarrate Catalina.
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